Había pues, motivaciones diversas que iban desde la urgencia del acceso a la propiedad sobre la tierra hasta el mejoramiento de las condiciones de reproducción y otras reivindicaciones necesarias. Pero la ANUC logró unificar todos estos intereses en un plan de acción que incluyó la lucha por la tierra, al apoyo a los colonos, la protección de los indígenas y sus resguardos, y la defensa de los minifundistas.[1]
En suma, el problema agrario había ocupado un lugar central en la academia, en sectores gubernamentales y en la insurgencia. Era un problema no sólo con legitimidad sino con enorme capacidad de movilización social. Como dato ilustrativo debe recordarse que en un solo día de 1971, el 21 de febrero, fecha emblemática del movimiento campesino, se produjeron más de 800 ocupaciones de predios en todo el país, lo que suponía, además, un alto grado de concertación previa.[2]
Entre la toma de tierras y las huelgas de los trabajadores tabaqueros, en el año de 1973,
(…) se descubre la manera de presionar a los empresarios de Ovejas y El Carmen a pactar: con un paro combinado entre campesinos productores de tabaco y obreros y obreras de las factorías procesadoras. En efecto, esta es la alianza obrero-campesina clásica que predican los marxistas-leninistas. Se bloquean carreteras. Se paran las factorías. Muchos otros campesinos ayudan con vituallas y hay una gran movilización. El gobierno interviene para ganar un respiro, porque se trata del grupo campesino más aguerrido de la Costa (el tabacalero) con tradición de lucha, que ahora es vanguardia de la vanguardia de la ANUC en Colombia.[3]
La respuesta del gobierno, no solamente frente a estas reivindicaciones concretas, sino además a muchas otras que se exigieron por parte de los Campesinos Costeños, fue la de impulsar las empresas comunitarias mediante el Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA[4]. Institución de la que muchos campesinos pertenecientes a la ANUC recuerdan de manera ambigua: por un lado, los funcionarios y técnicos encargados de legitimar la toma de fincas y haciendas, además de fomentar dichas empresas comunitarias, se les evoca algunas veces como burócratas desconocedores del contexto en el que los labriegos venían adelantando sus luchas[5], por otro lado, como los principales promotores de los créditos y endeudamientos que terminaron por dividir a los campesinos y sus organizaciones.
Hasta donde fue desarrollo natural de las organizaciones campesinas, estas iniciativas comunitarias habían logrado consolidar una relación con la tierra, en la que imperaba un trabajo conjunto, la unión de esfuerzos de tipo colectivo, las ayudas mutuas y el cumplimiento de metas que priorizaban lo social por encima de lo individual. Pero el punto central de los nuevos problemas se dio fundamentalmente en convertirlos en “empresas colectivas”, en las que dominó la lógica de competitividad capitalista, como por ejemplo lo que sucedió en la finca La Esperanza de El Carmen de Bolívar, en la que se “asentaron quince empresas comunitarias. Una logró subsistir (por poco tiempo), 4 desaparecieron por quiebra y las 10 restantes el INCORA hizo esfuerzos por reagruparlas y mantenerlas.”[6]
Los objetivos y estrategias de redistribución de la tierra que habían estado presentes desde del Acuerdo de Chicoral entre (1973 y 1987) mostraba los frustraciones de concertación para la redistribución de las fincas y haciendas disputadas entre los grandes propietarios y los campesinos que aspiraban a tenerlas.
Era evidente, lo que se había ganado con la movilización y la lucha organizada se fue perdiendo mediante la fragmentación del movimiento social, que cada quién subsistiera de acuerdo a sus posibilidades y sus experticias con respecto al manejo de sus obligaciones de tipo financiero, además de las presiones de las entidades bancarias y estatales, apoyadas muchas veces por los intereses de las élites locales ganaderas y latifundistas, que no se resignaban a recuperar lo perdido, creando las condiciones para deslegitimar lo poco que se había alcanzado, “Al finalizar la década del setenta la lucha campesina fue virtualmente ilegalizada y empezó a languidecer. Los desalojos de los predios ocupados se hicieron cada vez más violentos. La tierra había pasado de repente del ámbito de lo legítimamente demandable al ámbito de lo no negociable. La criminalización de la lucha agraria se ha prologado hasta el día de hoy.”[7]
Para enfrentar los fracasos y los vacíos en cuanto al acceso y tenencia de las tierras por parte de los movimientos sociales campesinos, se formuló desde el gobierno central lo que se conoció como Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI, que se ejecutó en dos fases: la primera entre 1976 y 1982, la segunda entre 1983 y 1990.
Fundamentalmente se trataba incluir una estrategia política que enfrentara:
Las dificultades políticas de la época (Acuerdo de Chicoral) para ejecutar los programas de reforma agraria y con base en el relativo éxito observado en las experiencias piloto de proyectos DRI realizados por el ICA en Cáqueza (Cundinamarca) y Rionegro (Antioquia), el Gobierno decidió incorporar la estrategia DRI como parte sustancial del plan de desarrollo «Para Cerrar la Brecha». El Plan, que hacía énfasis en la existencia de dos Colombias (una, próspera y rica, y otra, postergada y pobre), estableció como prioridades el Plan de Alimentación y Nutrición (PAN) y el Desarrollo Rural Integrado (DRI). Mientras el PAN debía resolver las necesidades nutricionales de las poblaciones pobres más vulnerables, especialmente niños y madres lactantes en las ciudades y regiones con mayores niveles de desnutrición, el DRI constituía la estrategia productiva para modernizar y hacer más eficiente la producción de alimentos en las zonas de economía campesina, especialmente de minifundio andino. De esta manera, la estrategia DRI comprendía la coordinación de acciones e inversiones de diversa índole para asegurar la integralidad del desarrollo al contemplar aspectos productivos (asistencia técnica y crédito), de mercadeo (comercialización), de infraestructura básica (caminos rurales, electrificación, acueductos) y de servicios sociales (educación y salud). Para sustentar el nuevo enfoque de desarrollo rural integrado, DRI, se enfatizaba, entonces, la tesis de que la tierra es tan sólo uno de los factores productivos de las economías campesinas y que, para convertir a éstas últimas en eficientes empresas agropecuarias, era necesario, más que estimular el acceso a la tierra, dotarlas de una buena capacidad empresarial, lo cual se lograría a través de asistencia técnica y capacitación acompañada de mejores servicios básicos sociales y de la infraestructura adecuada.[8]
Sin embargo, a pesar de todo este paquete de medidas más de carácter técnico, que la mayoría de las veces se distanció de las realidades sociales que querían transformar, lo que aumentó el desconocimiento de los procesos culturales e históricos construidos por los campesinos, sumado por otro lado a un discurso mucho más radical en pro del derecho a la tierra, que dejó abierta como alternativa frente a la inequidad las confrontaciones armadas y violentas, las mismas fueron ganando terreno poco a poco en las regiones donde se presentaron desacuerdos irreconciliables en cuanto al acceso y tenencia de las tierras en disputa, por lo que desde los gobiernos centrales se consideró importante promover una estrategia colateral, que se planteó como un Plan Nacional de Reconciliación que durante muchos años estableció como propósito:
Una estrategia para la pacificación de las áreas agobiadas por la violencia, especialmente guerrillera, bajo la premisa que era necesario acabar con las causas objetivas que la originaban. La principal de las cuales era la ausencia de las instituciones cívicas y públicas, por lo cual era necesario llevar, en forma rápida y ágil, la presencia del Estado a las zonas priorizadas, validando las acciones a través de mecanismos amplios de participación ciudadana. Dadas las características netamente rurales de esas zonas (muchas de ellas de colonización reciente), la estrategia se concentró en acciones y actividades de desarrollo rural. Sin embargo, no fue sino hasta 1986, en el marco de la ejecución del Plan de Economía Social, cuando el PNR adquirió mayor respaldo político y financiero y una mejor definición conceptual en su diseño y estrategia de actuación. El PNR se convirtió, entonces, en una propuesta nueva y estimulante en la promoción de la democracia representativa, generando mayor participación ciudadana en la planificación y asignación de recursos del Estado, hasta el punto de representar la más avanzada y coherente estrategia hasta ahora ejecutada por el Gobierno Nacional para el desarrollo político de la democracia en las zonas más apartadas y atrasadas del país. De hecho, el éxito de la estrategia fue fundamental para la incorporación de los principios de participación ciudadana en la Nueva Constitución de 1991 y para el desarrollo de una nueva cultura institucional en el diseño y la formulación de programas y proyectos de desarrollo.[9]
Como se puede observar en el mapa siguiente, la tarea institucional realizada por parte del gobierno central tan solo alcanzó una cobertura deficiente, mientras algunos municipios fueron incluidos tanto por el Programa de Desarrollo Rural Integrado DRI y el Plan Nacional de Rehabilitación PNR, otros como El Carmen de Bolívar solamente fueron incluidos por el DRI, lo que significó un fracaso en la necesaria integralidad de las acciones, como bien lo deja claramente establecida la investigación presentada por el Grupo de Memoria Histórica de la CNRR.
[1] FALS Borda. Op. Cit. Historia doble de la costa. Tomo IV, Retorno a la tierra. Segunda edición publicada conjuntamente por La Universidad nacional de Colombia, el Banco de La República y El Áncora Editores en 2002. Pág.174 B.
[2] Así se plantea desde: La Tierra En Disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe 1960-2010. Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de reparación y Reconciliación. Op. Cit. Pág. 14.
[3] FALS Borda. Op. Cit. Historia doble de la costa. Tomo IV, Retorno a la tierra. Segunda edición publicada conjuntamente por La Universidad nacional de Colombia, el Banco de La República y El Áncora Editores en 2002. Pág. 185 A y 186 A.
[4] Creada por la Ley 135 de 1961 y reformada por la Ley 160 de 1994, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Ver: http://www.incora.gov.co/Dec129203.htm
[5] Como bien se puedo constatar en las entrevistas realizadas con los campesinos y algunas organizaciones sociales en San Onofre para 2010, en EL Carmen de Bolívar y Sincelejo en 2011.
[6] Op. Cit. LOZANO, Pilar. En La Costa Atlántica: “La Negra Historia del Tabaco Negro”. Redactado en agosto de 1981. Tomado de: http://www.moir.org.co/En-la-Costa-Atlantica-LA-NEGRA.html. Las cursivas son nuestras.
[7]Op.cit. La Tierra En Disputa. Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe 1960-2010. Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de reparación y Reconciliación. Coordinador Gonzalo Sánchez. Ediciones Semana, septiembre de 2010. Pág. 15.
[8] Como bien lo planteó VARGAS, Ricardo. Centro Latinoamericano Para el Desarrollo Rural RIMISP. http://www.rimisp.cl/webpage.php?webid=151
[9] Ídem.